Piden auditoría externa en Canet por expedientes valorados en 15 millones
Una entidad vecinal de Canet d'En Berenguer, municipio limítrofe con Sagunto en el Camp de Morvedre, pide al gobierno local una comisión de trabajo y una revisión externa sobre expedientes que, según sus cálculos, rondarían los 15 millones de euros.
Un colectivo de vecinos organizado bajo el nombre Plataforma de Afectados por la Corrupción lleva semanas presionando al gobierno municipal de Canet d'En Berenguer para que abra sus cuentas a examen externo. Su exigencia se concreta en dos peticiones: la puesta en marcha de una comisión de trabajo dedicada a asuntos jurídicos y un encargo de auditoría a profesionales ajenos al Consistorio. El detonante fue el pleno del 17 de septiembre, en el que —según denuncian tanto el colectivo como varios grupos de la oposición— el equipo de gobierno esquivó preguntas concretas sobre contratos y pleitos con impacto en las cuentas municipales.
Para los promotores de la iniciativa, sacar los expedientes de los despachos y llevarlos a una comisión con presencia de todos los grupos políticos evitaría que la información quedara solo en manos del equipo de gobierno. Ese órgano, explican, daría acceso a la documentación técnica a los concejales de la oposición y permitiría que funcionarios especializados aclararan, caso por caso, en qué situación se encuentra cada procedimiento.
La auditoría que reclaman busca un objetivo distinto: separar con criterios técnicos lo que el Ayuntamiento ya ha pagado de lo que todavía son cálculos abiertos. La propia Plataforma reconoce que su cifra de referencia —unos 15 millones de euros de impacto conjunto— es un cálculo preliminar, no una cantidad cerrada, y que necesita desglosarse expediente por expediente antes de poder hablarse de un perjuicio real para las arcas municipales.
Uno de los frentes con más recorrido afecta directamente al servicio de agua y alcantarillado, gestionado por la empresa EGEVASA. Según los documentos que maneja la Plataforma, la justicia autonómica dio en marzo de 2025 la razón a la empresa AQLARA en un recurso presentado contra el Consistorio, y ordenó revisar de oficio dos contratos firmados en 2004 y 2009 por una posible nulidad de origen. Los reclamantes quieren saber en qué punto está ahora ese expediente, qué informes se han emitido y qué ha decidido finalmente el gobierno local.
Entre los expedientes señalados también aparece Mas Camarena, un proyecto de suelo educativo cuyo litigio por la cesión de terrenos ronda, según los cálculos de la entidad, los 2,2 millones de euros. La Plataforma pide que ese importe se contraste con la resolución judicial —firme o no— y con los acuerdos municipales posteriores, y aclara que se trata de una cifra ligada al pleito, no de un daño ya reconocido.
A esa lista se suma el proyecto hotelero Vitas Amarre, donde una sentencia autonómica habría fijado una indemnización de 276.375 euros con derivadas todavía abiertas ante el Tribunal de Cuentas, y la piscina del Cantó, cuyo coste final —estimado de forma orientativa en 700.000 euros— la Plataforma quiere reconstruir revisando presupuestos, adjudicaciones y facturas. Sumados, estos tres expedientes rondan los 3,17 millones de euros, aunque la propia entidad insiste en que esa suma no puede tratarse como un perjuicio confirmado hasta que cada caso se analice por separado.
El resto de la petición reúne asuntos más dispersos: contratos de asesoramiento jurídico —entre ellos los vinculados a la Academia Valenciana de Juristas—, la gestión del servicio municipal de recaudación, ciertos procesos de personal y promoción interna, y un expediente conocido internamente como «Semáforo Foro Rojo». En todos ellos, la Plataforma reclama poder consultar la documentación para verificar si se respetaron las normas de contratación pública.
El propio pleno del 17 de septiembre sigue generando controversia. Según la versión del colectivo y de la oposición, el alcalde, Pere Antoni Chordà, evitó entrar en el detalle de varias preguntas y dejó para más adelante la convocatoria de la comisión jurídica; añaden, además, que durante la sesión llegó a calificar de mentiroso a un edil, un episodio que todavía debe cotejarse con el acta y la grabación oficiales. Hasta ahora, el gobierno municipal no ha dado una respuesta pública detallada ni sobre las cifras ni sobre la petición de comisión y auditoría.
Para el vecindario de Canet, el debate no es solo contable: cualquier partida que termine confirmándose como gasto extra recae, en última instancia, sobre un mismo presupuesto municipal que también debe cubrir servicios básicos como el alumbrado, la limpieza o el mantenimiento de calles. De ahí que la Plataforma insista en separar cuanto antes lo que son cálculos abiertos de lo que puede convertirse en una obligación de pago real, antes de que una cifra todavía provisional se instale en el debate público como si fuera ya un hecho cerrado.
Según elperiodicodeaqui.com.