Antifraude traslada a Fiscalía el caso del semáforo foto-rojo de Canet
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha trasladado a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas el caso del semáforo foto-rojo de Canet d'en Berenguer, investigado tras la denuncia de Vox en Canet y en Sagunto.
El dispositivo que fotografiaba a los conductores que se saltaban el semáforo en la avenida Joanot Martorell de Canet d'en Berenguer —y que meses atrás acaparó titulares hasta en cadenas de televisión nacionales— vuelve a estar bajo la lupa. Así lo recoge una resolución de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), fechada el 31 de julio de 2026, que da un vuelco al caso: el organismo quiere que sea la Fiscalía, junto al Tribunal de Cuentas, quien examine si hubo fallos penales o contables en cómo se llevó el contrato menor de ese radar. El origen de todo son las quejas que hace tiempo registraron los concejales de Vox, tanto en Canet d'en Berenguer —municipio del Camp de Morvedre pegado a Sagunto— como en el propio Sagunto.
Antifraude reparte sus sospechas en dos frentes. En el económico, cree que el Consistorio pudo dejar de ingresar dinero al no cerrar a tiempo varias multas —algunas habrían prescrito antes de resolverse— y señala gastos que, según sus cálculos, sobrepasarían el tope que marca la ley para este tipo de contrato pequeño. En el penal, plantea que alguien pudo frenar a propósito, y sin dejarlo por escrito, el cobro de esas sanciones para no llegar a ese mismo tope económico ni deber más dinero a la empresa que operaba el radar. Serán el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía quienes decidan si el alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni Chordà, incurrió en alguna responsabilidad.
El informe no se limita a trasladar el expediente: Antifraude adjunta también quince recomendaciones para que el episodio no se repita. Entre ellas, pide renunciar a los contratos menores cuando no se pueda calcular de antemano cuánto va a costar o durar el servicio, poner topes de gasto claros, exigir revisiones técnicas de las pruebas antes de sancionar, y montar un sistema que permita seguir cada multa paso a paso, desde que se detecta hasta que se cobra o se archiva. La corporación municipal tiene medio año por delante para decir si acepta o descarta cada una de esas quince propuestas.
En el Ayuntamiento de Canet lo ven de otra manera: insisten en que la cámara jamás buscó hacer caja, sino bajar la velocidad en una calle donde los residentes llevaban tiempo protestando por el ruido del tráfico, y recuerdan que su contrato topaba en 18.150 euros lo que podía cobrar la empresa gestora, muy lejos de lo que habría ganado con un porcentaje sobre cada multa. El radar se apagó antes de agotar el plazo previsto, una vez logrado ese efecto disuasorio, y desde el gobierno local reconocen que les pilló por sorpresa: un informe anterior de la propia AVAF, de junio, no había visto motivos para abrir investigación alguna. Al cambiar de postura, el organismo ha dejado al Consistorio sin ocasión de defender su versión antes de que se tomara la decisión.
Según elperiodicodeaqui.com.