Piden fiscalizar en Canet d'En Berenguer expedientes valorados en 15 millones
En Canet d'En Berenguer, municipio vecino de Sagunto en el Camp de Morvedre, una asociación vecinal exige al Ayuntamiento abrir una comisión y encargar una auditoría externa sobre expedientes que cifra en unos 15 millones de euros.
Cerca de 15 millones de euros: esa es la cifra que una plataforma vecinal atribuye al conjunto de expedientes municipales que reclama revisar en Canet d'En Berenguer, localidad vecina de Sagunto dentro del Camp de Morvedre. La organización, que se define como Plataforma de Afectados por la Corrupción, ha trasladado la petición al Ayuntamiento tras el pleno del 17 de septiembre, en el que —asegura junto a varios grupos de la oposición— no obtuvo explicaciones suficientes sobre contratos y litigios que arrastran años de recorrido judicial.
Su exigencia se concreta en dos vías paralelas: por un lado, activar una Comisión de Asuntos Jurídicos que permita a los distintos grupos municipales acceder ordenadamente a la documentación, con apoyo de personal técnico; por otro, encargar una auditoría a una firma externa e independiente capaz de reconstruir, expediente por expediente, cuánto se ha pagado ya, cuánto queda pendiente y qué compromisos económicos siguen abiertos.
La propia plataforma matiza el alcance de su cifra: los 15 millones son, en sus palabras, una estimación provisional que necesita desglosarse caso por caso antes de convertirse en un dato definitivo.
Tres casos concentran buena parte del importe reclamado. El primero es la cesión de terreno en Mas Camarena a un centro educativo privado, con un litigio en torno a 2,2 millones de euros. El segundo, el proyecto hotelero de Vitas Amarre, para el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya fijó una indemnización de 276.375 euros a cargo del Ayuntamiento. El tercero, la piscina municipal del Cantó, con un impacto que la plataforma sitúa cerca de los 700.000 euros y sobre el que pide auditar presupuestos, adjudicaciones y facturas una por una. Juntos suman 3.176.375 euros, aunque —insiste la entidad— la suma no equivale todavía a un perjuicio patrimonial confirmado.
A esa lista se añaden otros frentes: el contrato de agua y alcantarillado con Egevasa, que el TSJCV ordenó revisar de oficio en marzo de 2025 por una posible nulidad de origen; pagos por asesoría jurídica a través de la Academia Valenciana de Juristas; el servicio de recaudación municipal; procesos internos de personal; y un expediente conocido internamente como 'Semáforo Foro Rojo'.
¿Qué significa exactamente pedir un 'reintegro por alcance'? La ley que regula el Tribunal de Cuentas lo define como una vía judicial de primera instancia, distinta del juicio de cuentas ordinario, que un solo consejero del propio Tribunal puede resolver. Dicho de otro modo: no hace falta un pleno del Tribunal para activarla, y su función es determinar si un cargo público debe responder con su patrimonio por un perjuicio económico concreto.
El precedente más cercano tiene nombre propio. José Antonio Sancho Sempere, secretario municipal durante años, fue condenado en 2022 por el Juzgado de lo Penal número 18 de Valencia por prevaricación administrativa y uso de información privilegiada. El propio Ayuntamiento, a raíz de esa condena, ya reclama ante el Tribunal de Cuentas 151.735 euros por facturas emitidas a través de la Academia Valenciana de Juristas, entidad fundada por el propio Sancho en el año 2000.
El caso Vitas Amarre añade otro capítulo: la licencia se concedió en 2001 y 2002, quedó anulada en 2018 tras once años de parálisis por su choque con la normativa de costas, y —según informó elperiodicodeaqui.com en junio de 2026— llevó al Tribunal de Cuentas a abrir diligencias preliminares el 19 de mayo de ese año para esclarecer responsabilidades personales.
Ese mismo digital ya había puesto cifras a dos de los expedientes reclamados hoy, en un reportaje de mayo de 2026: el Ayuntamiento terminó pagando 2,2 millones de euros, a plazos entre 2025 y 2026, por el solar de 9.000 metros cuadrados de Mas Camarena, después de que la reclamación inicial ascendiera a 23 millones; y el perjuicio derivado de anular el contrato de aguas con Egevasa rondaba entonces, sin cifra cerrada, 'más de cinco millones de euros'.
El propio desarrollo del pleno del 17 de septiembre añade otro frente de disputa. Oposición y plataforma coinciden en que el alcalde, Pere Antoni Chordà, esquivó el fondo de varias preguntas y aplazó sine die la comisión jurídica; ambos sostienen, además, que llegó a llamar mentiroso a un edil, un episodio que solo el acta y la grabación oficiales podrán confirmar o desmentir.
La respuesta municipal ha sido tajante. Fuentes del gobierno local niegan legitimidad a la plataforma —la describen sin representantes identificables— y apuntan a un posible vínculo entre quien firma sus comunicados y un antiguo socio profesional de Sancho Sempere. Sobre la cifra de 15 millones, la tachan de inventada y recuerdan un precedente: la misma entidad llegó a denunciar un coste de cinco millones por una potabilizadora que, sencillamente, no existe. El equipo de gobierno defiende además que ninguna asociación sin registro puede exigir auditorías sobre hechos ya resueltos judicialmente en su mayoría, y remarca que su gestión ha sido transparente en todo momento.
Con las dos versiones sobre la mesa —la de una plataforma que reclama papeles y cifras, y la de un Ayuntamiento que niega legitimidad a quien pregunta—, la decisión de convocar o no la Comisión de Asuntos Jurídicos queda en manos del propio consistorio. Según El Periódico de Aquí, con datos adicionales del Boletín Oficial del Estado sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.