Empieza en València el juicio contra los 11 activistas de Greenpeace de Sagunto
El Tribunal de Instancia de València juzga desde este miércoles a 11 activistas de Greenpeace por bloquear en 2021 el acceso de un buque gasero al puerto de Sagunto; la Fiscalía pide cinco años de cárcel para cada uno.
Puerto de Sagunto es, desde este miércoles, el escenario judicial de una causa que Greenpeace define como un test para el derecho a la protesta en toda Europa. Once activistas se sientan en el banquillo del Tribunal de Instancia de València por haber frenado, hace casi cinco años, la entrada de un buque gasero al puerto saguntino. El bloqueo apuntaba directamente a la planta de regasificación de Saggas, infraestructura que en 2025 llegó a cubrir más del cien por cien —el 101,77%— de la demanda de gas natural de toda la Comunitat Valenciana, además de gestionar el 14,87% de todo el gas natural licuado descargado en el conjunto del sistema gasista español. Esa magnitud ayuda a entender por qué la Fiscalía reclama ahora hasta cinco años de cárcel para cada uno de los encausados.
El buque bloqueado en 2021 procedía de Estados Unidos y transportaba 138.000 metros cúbicos de gas obtenido por fracking. Los once encausados —ocho nacionalidades distintas, cuatro de ellas españolas— inmovilizaron el acceso portuario durante buena parte de aquella jornada. Ese es el hecho que el Ministerio Fiscal califica ahora como desórdenes públicos agravados, con una petición de condena que la propia Greenpeace sitúa como la más severa jamás pedida en Europa contra activismo medioambiental.
Para la organización ecologista, calificar de delito grave una acción sin heridos ni daños materiales resulta desproporcionado, sobre todo cuando ya abonó más de 160.000 euros en sanciones administrativas por el mismo episodio. La rueda de prensa en la que se presentó esta defensa tuvo un escenario simbólico: la cubierta del rompehielos Arctic Sunrise. Intervinieron la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña; el jurista Javier Raboso, responsable del área de Espacio Democrático y Derecho de la organización; la letrada Inés Díaz, y dos de los propios encausados, Francisco del Pozo e Ylenia Burisch.
Según explicó la defensa, en el momento de la protesta las autoridades solo arrestaron al capitán de la embarcación; la causa penal se amplió después a los otros diez activistas pese a que, insisten, ninguno de ellos fue acusado de causar lesiones o desperfectos. Raboso aprovechó la comparecencia para pedir la derogación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana —conocida popularmente como ley mordaza—, en vigor desde el 1 de julio de 2015 y que castiga, entre otras conductas, manifestarse junto a determinados edificios o fotografiar a agentes policiales.
La vista tendrá observadores de peso internacional: Michel Forst, relator especial de la ONU para defensores del medioambiente, y Amnistía Internacional han confirmado que seguirán el proceso desde la sala. Para Francisco del Pozo, que arrastra hasta doce años de petición de cárcel repartidos en tres causas distintas por su activismo, y para Ylenia Burisch, con cinco años en juego solo en este juicio, la experiencia combina desgaste personal y convicción: ambos defendieron ante la prensa su intención de seguir protestando pese al coste que ello implica.
El caso pone además el foco sobre un lugar clave para la economía de la comarca: el Puerto de Sagunto concentra buena parte del tejido industrial del Camp de Morvedre, desde la siderurgia de ArcelorMittal hasta la propia planta de Saggas, y su actividad portuaria ha sido tradicionalmente uno de los motores económicos de la ciudad. La irrupción de esta causa judicial coincide, además, con un momento de transformación en el que Sagunto trata de posicionarse como referencia en energías renovables y movilidad eléctrica, un contexto que añade una capa adicional de debate sobre el papel que debe jugar el gas natural en la transición energética.
El juicio se extenderá previsiblemente durante varias jornadas, en las que está previsto que declaren tanto los propios activistas como agentes de la Guardia Civil y representantes de Saggas, antes de que las partes eleven sus conclusiones y el tribunal fije fecha para dictar sentencia, un trámite que en causas de esta complejidad suele demorarse varias semanas tras la vista oral.
En Sagunto, el episodio también revive el debate sobre el equilibrio entre actividad industrial y movimientos ecologistas en una comarca que combina un tejido fabril de primer nivel con espacios naturales protegidos como la Marjal dels Moros, y donde en los últimos años se han sucedido protestas de distinto signo relacionadas con el uso del territorio, desde las quejas del sector agrario por la reserva de suelo ferroviario hasta movilizaciones vecinales vinculadas a la instalación de nuevas industrias.
Saggas lleva dos décadas operando en el puerto saguntino como planta de regasificación de gas natural licuado, un periodo en el que se ha consolidado como una pieza clave para garantizar el suministro energético de la Comunitat Valenciana y en el que la propia empresa ha desarrollado también programas de relación con la comunidad local, como iniciativas de patrocinio deportivo en centros educativos de la comarca.
Según Valencia Plaza, con datos adicionales de Wikipedia sobre la ley mordaza y de Saggas sobre la planta de regasificación.