Canet d'en Berenguer: el Tribunal de Cuentas abre diligencias por el semáforo foto-rojo
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares por el contrato del semáforo foto-rojo de Canet d'en Berenguer, municipio del Camp de Morvedre vecino de Sagunto, tras el traslado de Antifraude.
Canet d'en Berenguer revive la polémica de su semáforo foto-rojo, el de la avenida Joanot Martorell, hoy retirado: el Tribunal de Cuentas lo examina. Ha incoado diligencias preliminares sobre el contrato menor con el que el Ayuntamiento tramitó las pruebas de las multas; el aviso llegó de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). Es solo una fase inicial: según los documentos consultados por El Periódico de Aquí, de momento no hay responsabilidad declarada ni daño económico cuantificado para las arcas locales.
Cronología del trámite. Antifraude remitió su oficio el 14 de septiembre, adjuntando la resolución que su director aprobó el 31 de julio. El día 16 se registró en el Departamento 3º de Enjuiciamiento la diligencia C134/2026, clasificada como sector público local. Se trata del contrato menor del expediente municipal 3372/2024, que sirvió para aportar evidencias de infracciones de tráfico en el nuevo semáforo. La rúbrica electrónica es del 23 de septiembre de 2026 y corresponde al letrado secretario Guillermo Rodríguez-Villasante González, quien además dispuso que se comunique a Antifraude.
Ahora hay un plazo. Copias de lo actuado han ido al Ministerio Fiscal y a quien representa legalmente al consistorio, y los dos cuentan con cinco días comunes para alegar. Pueden inclinarse por nombrar un delegado instructor, y entonces el caso continúa, o por archivarlo. Solo después se sabrá si hay base suficiente para examinar una posible responsabilidad contable. Desde el oficio de Antifraude, el 14 de septiembre, han pasado poco más de tres semanas, y el siguiente paso depende de lo que aleguen el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento.
Conviene distinguir los papeles. La Agencia Valenciana Antifraude surgió de la ley que las Corts Valencianes aprobaron el 10 de noviembre de 2015 y echó a andar en 2016. La responsabilidad contable, que es la que enjuicia el Tribunal de Cuentas, exige dolo, culpa o negligencia graves con perjuicio para fondos públicos. Por eso, abrir diligencias preliminares no equivale a declararla.
El 7 de agosto de 2026, El Periódico de Aquí adelantó que Antifraude proponía remitir el caso a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, en una resolución del 31 de julio. La agencia veía posible que el municipio hubiera perdido derechos económicos por expedientes sancionadores sin tramitar o ya prescritos, y que se hubieran asumido compromisos de gasto por encima de lo que permite un contrato menor. Todo arrancó con denuncias de representantes de Vox en Canet y en Sagunto, y el informe terminó con tres recomendaciones para el Ayuntamiento: repasar cómo contrata, hacer más trazables las multas y cerrar la liquidación definitiva del contrato.
La polémica venía de antes. Según El Periódico de Aquí, en diciembre de 2025 los grupos de Vox de Sagunto y de Canet denunciaron al menos 120 sanciones emitidas en siete días que, a su juicio, habían caducado. Y en mayo de 2025, elperiodic.com anunció que un radar móvil sustituiría al semáforo, cuyas multas podían llegar a 200 euros y cuatro puntos del carnet.
El equipo de gobierno de Canet defiende que el servicio se gestionó conforme a la ley y afirma respetar lo que decidan Antifraude, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. A su juicio, el semáforo no tenía afán recaudatorio: pretendía que los coches bajaran la velocidad en una avenida donde los vecinos se quejaban del ruido. Había tres señales de aviso, pero, según el Ayuntamiento, los multados superaron con creces lo previsto.
Como preveía pocas multas, el Ayuntamiento firmó un contrato menor, cuyo máximo legal es de 18.150 euros con IVA. Según sus cálculos, a la adjudicataria le correspondían 19.125,47 euros por el conjunto de las multas, aunque abonará únicamente el máximo legal del contrato. La diferencia entre ambas cifras es de 975,47 euros. Retiró el aparato antes de lo previsto, explica, porque la velocidad había bajado y porque pactó con los vecinos buscar otras vías contra el ruido. Por eso le extraña que se hable de ingresos públicos que se dejaron de percibir por no tramitar más multas.
Primero escuchará a las partes; luego el Tribunal de Cuentas decidirá si el procedimiento continúa con un delegado instructor o se archiva.
Según El Periódico de Aquí, con datos complementarios de elperiodic.com y de Wikipedia sobre la Agencia Valenciana Antifraude y el Tribunal de Cuentas.