Canet d'en Berenguer, municipio vecino de Sagunto, disputa el coste de la corrupción
En Canet d'en Berenguer, municipio vecino de Sagunto en el Camp de Morvedre, el Ayuntamiento y una plataforma ciudadana discrepan sobre el coste real de cinco expedientes judiciales: entre 5,6 y 19,4 millones de euros.
Cinco expedientes judiciales explican por qué Canet d'en Berenguer discute hoy una cifra: cuánto le ha costado la corrupción municipal. El Ayuntamiento sitúa el peso económico de esos cinco casos en poco más de 5,6 millones de euros; la Plataforma de Afectados por la Corrupción, el colectivo que los ha hecho públicos, lo eleva hasta entre 18,4 y 19,4 millones si se suman estimaciones y riesgos todavía abiertos. El resto del Camp de Morvedre, comarca que comparte con Sagunto, sigue el caso de cerca: marcará cómo se fiscalizan ahí los gastos heredados de gestiones pasadas.
La distancia entre ambas cifras nace de qué entra en el cálculo. Dinero ya pagado, sentencias firmes, provisiones contables para riesgos aún no producidos y simples hipótesis de coste futuro no son lo mismo, aunque el documento del colectivo los suma todos. El consistorio usa esa mezcla de conceptos para rebatir el argumento global de la plataforma.
Detrás de la disputa hay una trayectoria judicial larga: la del exsecretario municipal José Antonio Sancho Sempere, a quien los tribunales ya han condenado dos veces por delitos cometidos durante su gestión. Una condena llegó en enero de 2016, cuando la Audiencia Provincial de Valencia le impuso dos años de prisión por un delito de cohecho. La segunda se confirmó más tarde, en abril de 2021, cuando el Tribunal Supremo ratificó otra sentencia por prevaricación. Ambas forman parte de un conjunto de causas abiertas contra él desde el año 2000, es decir, a lo largo de un cuarto de siglo, según recogió El Periódico de Aquí en octubre de 2025. La Guardia Civil investigó además el patrimonio acumulado por Sancho Sempere a través de su unidad de delitos económicos y urbanísticos; ese atestado, incorporado a una causa penal que permanece abierta, calcula que el exsecretario habría llegado a apropiarse de cerca de 2,9 millones de euros procedentes de fondos municipales.
Dos de los cinco expedientes ya cuentan con una cifra cerrada por sentencia. El primero es el caso Mas Camarena, valorado en 2,2 millones de euros después de que la Justicia anulara la cesión de un terreno público a un colegio privado. El segundo es Vitas de Amarre, una parcela junto al mar que iba a acoger un hotel: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana fijó aquí una indemnización de 276.375,55 euros, a la que se suman intereses. El origen de este segundo litigio está, en buena medida, en la Ley de Costas: la norma estatal reserva como zona pública protegida una franja de 100 metros desde el límite de la ribera del mar, y edificar dentro de ese margen termina casi siempre ante un juez.
Los dos expedientes restantes admiten lecturas distintas. Uno es la piscina del Cantó, cuya licencia quedó anulada: la plataforma cifra en un millón de euros el riesgo de que haya que derribarla, pero el Ayuntamiento se apoya en una sentencia que traslada ese gasto, calculado por los propios vecinos afectados en unos 700.000 euros, a la comunidad de la urbanización y no a las arcas municipales. El otro es el Instituto Valenciano de la Paella, al que el colectivo atribuye más de dos millones de euros acumulados entre falta de viabilidad del proyecto, pleitos y una dación en pago.
Con 151.735,52 euros, el quinto expediente es el de menor cuantía: facturas emitidas por la Asociación Valenciana de Juristas entre 2007 y 2011. Su existencia, por sí sola, no acredita ninguna irregularidad, y es precisamente eso lo que la plataforma reclama aclarar, pidiendo acceso a los contratos y a los trabajos que las respaldan. Al tratarse del caso con menor recorrido judicial de los cinco, el Ayuntamiento apenas se ha pronunciado más allá de remitirse al archivo.
Para el Ayuntamiento, el propio cálculo global resulta poco fiable porque ha ido cambiando en pocos meses: ocho millones antes del verano, 15 millones después y, en la comunicación más reciente, entre 18,4 y 19,4 millones. Como ejemplo cita un viejo proyecto de planta potabilizadora cuyo coste atribuido se disparó de cinco a siete millones en poco tiempo, cuando, aseguran las fuentes municipales, el gasto real se redujo a las costas judiciales del procedimiento. Ese vaivén, sostienen, debilita la cifra conjunta, aunque no invalida cada expediente analizado por separado.
La respuesta municipal no se limita a las cifras: cuestiona también quién está detrás de las denuncias. Según el Ayuntamiento, la plataforma no tiene reconocimiento legal, no figura inscrita y podría ser obra de una sola persona bajo seudónimo. Las fuentes municipales señalan a Iñaky Sos Salvador como supuesto portavoz y dicen tener las puertas abiertas para reunirse con él; sin pruebas que lo acrediten, insinúan además un vínculo con episodios anteriores de corrupción en el municipio, una acusación todavía sin confirmar.
La plataforma reclama una auditoría externa que aclare lo pagado, lo pendiente y quién debe responder; el Ayuntamiento da la vuelta a la petición y pide auditar al propio colectivo. Vitas de Amarre ya está siendo revisado de oficio por el Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza la gestión económica del Estado y los ayuntamientos, al margen de la exigencia de la plataforma; según El Periódico de Aquí en mayo de 2026, ese expediente estuvo paralizado once años hasta que una revisión de oficio lo reactivó el 4 de octubre de 2018. El caso Mas Camarena, según publicó el mismo medio en abril de 2026, se liquidó ese año al rebajarse mediante acuerdo la reclamación inicial de 23 millones del colegio competidor El Plantío a los 2,2 millones finalmente asumidos, después de que el Tribunal Supremo ratificara que ceder 9.000 metros cuadrados de suelo público no respetó las condiciones del concurso.
Mientras no se desglose expediente por expediente qué es deuda ya saldada y qué sigue siendo previsión o riesgo abierto, el coste real de la corrupción en Canet d'en Berenguer seguirá sin una cifra única. Según El Periódico de Aquí, con datos adicionales de Wikipedia y el Boletín Oficial del Estado.