Una plataforma reclama auditar presunta corrupción en Canet d'En Berenguer
En Canet d'En Berenguer, municipio vecino de Sagunto dentro del Camp de Morvedre, una plataforma ciudadana exige al Ayuntamiento una auditoría externa sobre expedientes que cifra en 15 millones de euros; el consistorio rechaza la acusación.
Un pulso público entre una plataforma ciudadana y el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, municipio vecino de Sagunto dentro del Camp de Morvedre, vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la transparencia municipal. La entidad, que se presenta bajo el nombre de Plataforma de Afectados por la Corrupción, exige una auditoría externa e independiente de una amplia batería de expedientes municipales, con una estimación de impacto económico que sitúa alrededor de los 15 millones de euros, aunque reconoce que esa cifra necesita todavía verificación y no equivale a un perjuicio probado.
El alcance que propone la entidad es amplio: contratación pública, urbanismo y patrimonio, subvenciones, personal, hacienda y transparencia interna, con revisión de contratos, facturas, convenios y operaciones inmobiliarias. El calendario que plantea para completar todo el proceso, desde la recopilación documental hasta un informe final, ronda los nueve meses. La propia Plataforma insiste en que no busca señalar culpables —tarea que, recuerda, corresponde a los tribunales— sino simplemente ordenar la información dispersa sobre estos asuntos.
Este tipo de exigencias no son excepcionales en municipios pequeños del Camp de Morvedre: la limitada capacidad técnica de plantillas municipales reducidas dificulta a menudo una fiscalización interna exhaustiva de expedientes acumulados durante varios mandatos, lo que deja a menudo en manos de auditorías externas la tarea de aclarar dudas que, de otro modo, quedarían sin resolver de forma independiente.
Puesto en perspectiva, el tamaño del municipio da una idea de la magnitud de la cifra reclamada: con 8.297 habitantes según el padrón de 2025, Canet d'En Berenguer maneja presupuestos muy alejados de los 15 millones que baraja la denuncia ciudadana.
Desde el Ayuntamiento, la respuesta ha sido tajante: fuentes municipales tildan a la entidad de 'fantasmagórica' y aseguran que carece de sede física, página web identificable y listado público de miembros verificable. Además, apuntan a una inconsistencia temporal: antes del verano, la misma organización cifraba en ocho millones el supuesto perjuicio, cantidad que ahora casi se ha duplicado sin que, según el consistorio, se explique el nuevo cálculo.
Con independencia de si la cifra final se acerca o no a los 15 millones reclamados, el desenlace de la auditoría tendrá un peso simbólico considerable: una confirmación, aunque fuera parcial, reforzaría la credibilidad de la Plataforma y presionaría a otros ayuntamientos de la comarca a someterse a revisiones similares; un resultado que descarte irregularidades, en cambio, serviría al equipo de gobierno para zanjar meses de acusaciones públicas sin respuesta judicial.
El equipo de gobierno recurre a dos precedentes recientes para reforzar su desconfianza hacia las denuncias de la Plataforma: una advertencia sobre un coste de cinco millones vinculado a la depuradora de Egevasa que finalmente no generó gasto alguno, y la reparación de la piscina municipal del Cantó, cuyo coste real —unos 700.000 euros— el consistorio asegura que no recaerá sobre las arcas públicas, pese a que la entidad había sostenido lo contrario.
Por su parte, la Plataforma defiende que cualquier auditoría debería encargarse a especialistas ajenos a quienes gestionaron los expedientes en su día, con perfiles de auditoría pública y fiscalización administrativa, y propone crear una comisión de seguimiento con representación de todos los grupos municipales para supervisar el proceso.
Un proceso de nueve meses como el que plantea la Plataforma implicaría, en la práctica, revisar años de contratos, facturas y expedientes administrativos uno a uno, una tarea que en ayuntamientos de tamaño similar suele requerir la contratación de despachos especializados en auditoría pública, con un coste añadido que ninguna de las dos partes ha cuantificado todavía públicamente. Para los vecinos de Canet d'En Berenguer, el conflicto tiene una traducción muy concreta: mientras no se resuelva la disputa sobre las cuentas municipales, cualquier decisión de inversión o de gasto que el Ayuntamiento intente sacar adelante corre el riesgo de quedar bajo sospecha, lo que puede ralentizar proyectos municipales que nada tienen que ver con los expedientes señalados por la Plataforma.
Si el Ayuntamiento se negara a encargar la auditoría solicitada, a la Plataforma le quedaría la vía de recurrir a instancias superiores, como la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, el organismo autonómico encargado de fiscalizar las cuentas de los entes locales, aunque ese tipo de intervenciones suele producirse por iniciativa propia del organismo fiscalizador y no a petición directa de plataformas ciudadanas.
El desenlace de esta disputa, aunque circunscrito administrativamente a Canet d'En Berenguer, trasciende sus límites: la comarca del Camp de Morvedre comparte servicios entre municipios, y el criterio que finalmente se aplique sobre fiscalización de cuentas públicas podría convertirse en referencia para otros ayuntamientos vecinos, incluido el de Sagunto, ante peticiones ciudadanas similares en el futuro. Según El Periódico de Aquí, con datos de población del Instituto Nacional de Estadística recogidos por Wikipedia.