El pleno de Sagunto amplía la protección social en las tarifas de agua
El pleno de Sagunto aprobó por unanimidad reforzar y ampliar la protección social en las tarifas de agua y alcantarillado, con una posible bonificación de hasta el 50% de la factura para colectivos vulnerables.
Miles de familias de Sagunto que ya sufren para llegar a fin de mes podrían ver reducida hasta a la mitad su factura de agua, después de que el pleno municipal aprobara este mes, por unanimidad de todos los grupos, ampliar los mecanismos de protección social que hoy rigen las tarifas de agua y alcantarillado. La decisión obliga al Ayuntamiento y a la empresa gestora del servicio, Aigües de Sagunt, a trabajar de manera conjunta para sumar paulatinamente nuevos perfiles de personas beneficiarias a un esquema de descuentos que hoy alcanza a menos gente de la que podría necesitarlo. Aigües de Sagunt es la sociedad encargada de suministrar y potabilizar el agua, gestionar el alcantarillado, leer los contadores domiciliarios y emitir y cobrar los recibos en todo el término municipal, de modo que cualquier bonificación que finalmente se apruebe pasará necesariamente por sus sistemas de facturación.
El colectivo que puede acogerse a las nuevas ayudas es amplio y heterogéneo: desde hogares con varios hijos o encabezados por un solo progenitor, hasta jóvenes de menos de 35 años que intentan independizarse, personas con alguna discapacidad o que requieren cuidados por dependencia, mujeres que atraviesan situaciones de especial fragilidad —entre ellas quienes sufren violencia machista— y, en general, cualquier persona o familia capaz de acreditar documentalmente que su situación económica es especialmente delicada. Para todo ese abanico de perfiles, el acuerdo plantea estudiar un descuento de hasta el 50% sobre el recibo del agua, aunque antes deberán redactarse los informes técnicos y económicos que fijen las condiciones exactas; el propio texto ya adelanta dos límites: el descuento solo se aplicará a la vivienda donde realmente se resida y exigirá un consumo de agua razonable, quedando así fuera segundas residencias o gastos desproporcionados.
Detrás del calendario de esta medida está una reforma anterior: el pasado agosto, el mismo pleno dio luz verde de forma provisional a cambios en la ordenanza que regula el agua y el alcantarillado, entre ellos una tarifa nueva pensada para financiar obras de mejora en las infraestructuras del ciclo del agua. Esa tarifa, aunque necesaria para modernizar la red, añade un coste extra a cada recibo doméstico. Con el acuerdo de septiembre, la corporación quiere evitar que ese coste adicional recaiga con más fuerza sobre quienes menos capacidad económica tienen, y se compromete expresamente a no tocar las ayudas que ya reciben pensionistas y otras personas o familias vulnerables que hoy cuentan con tarifas o descuentos sociales.
La propia normativa municipal reconoce que ya existían fórmulas de protección para ciertos grupos antes de esta ampliación, lo cual, según explican sus defensores, demuestra que resulta posible mantener las cuentas del servicio de agua saneadas sin dejar de proteger a quien más lo necesita. En lugar de diseñar un mecanismo enteramente distinto, el pleno ha optado por engrosar la lista de personas y familias que pueden acogerse a los descuentos existentes, una vía que en teoría acorta los plazos de implantación una vez estén listos los estudios técnicos.
Detrás de la iniciativa está el concejal popular Ximo Catalán, autor de la propuesta original, que finalmente salió adelante con el voto favorable de todos los grupos tras incorporar una enmienda de EU-Unides Podem. Esa enmienda sumó un cuarto compromiso al acuerdo: elaborar la futura ampliación de bonificaciones junto con el departamento de Servicios Sociales y llevarla después a debate en la Comisión de Derechos Sociales, con el correspondiente informe previo de ese departamento. Que gobierno y oposición votaran lo mismo, sin fisuras, marca una diferencia notable respecto a otros puntos habituales del orden del día municipal, donde el consenso suele ser más difícil de alcanzar.
Nada de esto cambiará de inmediato el importe que paga cada hogar saguntino: lo aprobado es un compromiso para estudiar y desarrollar la ampliación, no una tarifa social ya en vigor. Tampoco hay todavía fecha límite para que Servicios Sociales entregue su informe ni para que la Comisión de Derechos Sociales debata la propuesta, aunque el propio acuerdo deja claro que el asunto corre cierta prisa: la tarifa de inversiones de agosto ya se aplica de forma provisional, así que cuanto más tarde en llegar la nueva protección social, más tiempo pasarán las familias con menos recursos pagando el recargo sin el amparo adicional que el propio pleno considera necesario. El siguiente paso corresponde ahora a los técnicos municipales y, después, a la Comisión de Derechos Sociales, que deberá cerrar qué colectivos entran finalmente en el sistema ampliado y bajo qué requisitos concretos. Según Ajuntament de Sagunt, con datos adicionales de Aigües de Sagunt.