El PSPV de Canet acude a Hacienda para responder a la denuncia de Compromís
En Canet d'En Berenguer, municipio vecino de Sagunto en el Camp de Morvedre, el PSPV-PSOE acudió el miércoles voluntariamente a la Agencia Tributaria para entregar documentación y responder a la denuncia de Compromís por presuntos pagos en efectivo irregulares.
La disputa entre el PSPV-PSOE y Compromís en Canet d'En Berenguer llega a un segundo capítulo: después de que la formación valencianista trasladara a Hacienda y a la Agencia Valenciana Antifraude sus sospechas sobre el pago de ciertas facturas municipales, los socialistas han optado por dar la cara ante el mismo organismo fiscal. El origen de todo el conflicto es una serie de pagos en metálico que, según denuncia Compromís, habrían superado el tope que marca la ley para justificar las ayudas económicas que percibe cada grupo político representado en el consistorio.
Fue el propio Eduardo Almor Ruiz, edil socialista al frente de un amplio paquete de áreas municipales —régimen interior, seguridad local, obras públicas, cultura, mantenimiento urbano, GESCANET y el área de fiestas y comunicación—, quien se desplazó este miércoles hasta las oficinas tributarias sin que nadie se lo hubiera requerido. Llevaba consigo el conjunto de justificantes contables que, según defendió, demuestran que no hubo ninguna irregularidad en la gestión del dinero. La intención, explicó, era someterse a una revisión completa por parte de Hacienda antes de que nadie pudiera cuestionar la transparencia del grupo.
El argumento central de los socialistas es que la fórmula de pago que ahora se pone en duda lleva usándose sin incidentes desde 2019, siempre bajo la mirada de los técnicos municipales encargados de fiscalizar y custodiar los fondos públicos. No obstante, reconocen que el año pasado decidieron cambiar el procedimiento —una decisión que, curiosamente, coincide con el momento en que Compromís empezó a rastrear las facturas que después denunciaría.
La respuesta del PSPV no se quedó solo en la comparecencia ante Hacienda: el grupo difundió además un comunicado en redes en el que enlaza esta denuncia con otro asunto que ha generado fricción en el municipio recientemente, la puesta en marcha de un radar semafórico para sancionar a quien se salte el rojo, un tema en el que los valencianistas habían coincidido con Vox meses antes. Los socialistas sostienen que el organismo tributario les confirmó que, de momento, no hay ningún expediente incoado en su contra, y tachan la denuncia de basarse en información inexacta. No falta tampoco una pulla electoral: el texto sugiere, con cierta ironía, que la proximidad de los comicios explicaría los nervios de algunos de sus rivales políticos.
Conviene situar este episodio en su contexto: a finales de agosto, Compromís tuvo acceso a un informe interno elaborado por Intervención, el servicio que fiscaliza las cuentas municipales. Ese documento concluía que el trámite para conceder y justificar las ayudas a los grupos políticos había respetado en todo momento la normativa vigente, es decir, que el reparto del dinero en sí no presentaba ningún problema. Lo que sí quedaba en entredicho, según los técnicos, era el método empleado para abonar ciertas facturas correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, un detalle que bastó para trasladar el asunto a Hacienda, único organismo con potestad para investigarlo y, llegado el caso, imponer una sanción.
El umbral económico que ambas partes citan constantemente tiene su origen en la Ley 11/2021 de medidas contra el fraude fiscal, que rebajó de 2.500 a 1.000 euros el máximo permitido para los pagos en metálico entre empresas, autónomos y entidades asimilables, como es el caso de los grupos municipales. Rebasar esa cantidad en un único pago puede calificarse como infracción grave, y por eso corresponde a Hacienda —no al propio Ayuntamiento— dictaminar si las facturas señaladas por Compromís incumplieron o no ese límite.
Para el vecindario de Canet, lo que está en juego no es un detalle menor: cada año el PSPV puede recibir hasta 3.500 euros en concepto de ayuda para su grupo municipal, según fija el acuerdo aprobado en pleno, y de la resolución de Hacienda dependerá si ese dinero se gestionó con arreglo a la ley o si hubo un incumplimiento sancionable. Hasta que el organismo tributario no se pronuncie, socialistas y valencianistas seguirán ofreciendo relatos contrapuestos sobre qué ocurrió realmente con las facturas de 2023 y 2024. Según El Periódico de Aquí — Sagunto / Camp de Morvedre, con datos adicionales del Boletín Oficial del Estado sobre la Ley 11/2021.