Compromís denuncia al PSOE de Canet por pagos en efectivo en subvenciones
En Canet d'En Berenguer, municipio vecino de Sagunto en el Camp de Morvedre, Compromís ha denunciado ante Hacienda y Antifraude presuntos pagos en efectivo del PSOE local por encima del límite legal para justificar subvenciones entre 2023 y 2025.
Un procedimiento de control interno abierto en Canet d'En Berenguer, municipio vecino de Sagunto en el Camp de Morvedre, ha llevado a Compromís a denunciar formalmente ante Hacienda y ante el organismo valenciano contra la corrupción al PSOE local, al que acusa de haber pagado en mano varios recibos por encima de lo que permite la normativa estatal para justificar las ayudas económicas que recibe como grupo municipal.
Todo comenzó cuando Albert Valls, edil de Compromís, reparó en que uno de los comprobantes presentados para acreditar la subvención de 2025 se había abonado en dinero en mano por más de 1.000 euros, el tope legal vigente. A raíz de esa observación pidió que se revisara el expediente, y la Intervención —el departamento municipal encargado de fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento— puso en marcha una auditoría que acabó extendiéndose también a las cuentas de 2023 y 2024.
No es una cifra elegida al azar: la Ley 11/2021, de 9 de julio, sobre prevención del fraude fiscal, fue la norma que bajó ese tope general para pagos entre empresas y autónomos, situándolo en 1.000 euros frente a los 2.500 anteriores. Los técnicos municipales sostienen que ese es justamente el umbral que el PSOE de Canet habría sobrepasado.
Las conclusiones a las que ha accedido Compromís distinguen entre ejercicios. Respecto a 2025, los socialistas sí lograron entregar cuatro comprobantes suplementarios, y ninguno de ellos superaba individualmente el límite marcado por ley. La situación cambia con 2023 y 2024, años en los que, pese a que se les reclamó documentación equivalente, el grupo no llegó a aportarla. Fue esa falta de papeles la que llevó a los interventores a concluir que pudo haberse vulnerado el tope de pagos en metálico, algo que la propia norma tipifica como infracción grave.
El texto también deja claro un matiz importante: el trámite administrativo para solicitar y acreditar estas subvenciones se llevó a cabo conforme a las normas municipales, de modo que no habría irregularidad alguna en la concesión del dinero público, sino, como mucho, en el método utilizado para pagar los gastos. Por eso el expediente ha acabado en manos de la Agencia Tributaria, que es quien tiene competencia para investigar y, llegado el caso, imponer sanciones por este tipo de incumplimientos.
Según figura en el expediente, los recibos bajo sospecha están relacionados con desembolsos hechos en una empresa vinculada profesionalmente, años atrás, al actual alcalde de Canet. El tope anual que el PSOE puede recibir por este concepto es de 3.500 euros, cantidad aprobada en un acuerdo plenario del 21 de junio de 2023.
Desde Compromís insisten en que ningún otro grupo del consistorio pide esta ayuda todos los años, y consideran preocupante que no haya una explicación transparente de en qué se ha empleado realmente ese dinero.
El aviso a Hacienda no ha sido el único paso dado. Compromís ha trasladado también el expediente a la Agència Valenciana Antifrau, entidad independiente de la Comunitat Valenciana que vela por prevenir y perseguir el fraude y la corrupción dentro de las administraciones públicas y que, entre otras competencias, gestiona los canales por los que empleados públicos pueden denunciar irregularidades de forma confidencial. Con ello se suma una segunda vía de fiscalización a la que ya realiza el fisco estatal.
Este tipo de ayudas rara vez sale a la luz pública: son las partidas que los consistorios reservan a sus propios grupos políticos para cubrir gastos corrientes, desde papelería hasta campañas de comunicación. Frente al conjunto del presupuesto municipal se trata de cantidades pequeñas, pero exigen un control estricto precisamente porque las manejan directamente los partidos, sin la fiscalización añadida que sí existe cuando una ayuda va destinada a una asociación o entidad externa.
De aquí en adelante, corresponde a Hacienda decidir si inicia una inspección en firme y, si la abre, determinar la magnitud de una posible sanción, ya que la ley cataloga como grave incumplir el tope de pagos en metálico. En un plano distinto, la Agència Valenciana Antifrau podrá examinar de manera autónoma si hay indicios que trasciendan lo puramente fiscal, un análisis que avanzará al margen del ritmo y del resultado que finalmente adopte la Agencia Tributaria.
Este expediente se suma a la fiscalización habitual que las formaciones de la oposición aplican sobre las cuentas de los municipios pequeños del Camp de Morvedre, donde las subvenciones a grupos políticos suelen ser modestas mas están sometidas al mismo escrutinio que cualquier otra partida pública. Para los vecinos de estos municipios, este tipo de revisiones internas suele ser la única vía para saber cómo se gastan realmente los fondos que se entregan a los partidos y no solo al propio Ayuntamiento. Según El Periódico de Aquí — Sagunto / Camp de Morvedre, con datos adicionales del Boletín Oficial del Estado y de la Agència Valenciana Antifrau.